El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo principal de esta medida es garantizar la igualdad de derechos, mejorar la convivencia social y responder a una realidad con impacto económico y laboral. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que la iniciativa retoma el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y se enmarca en el futuro Plan de Integración y Convivencia Intercultural. El Gobierno defiende que se trata de un paso histórico hacia un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la cohesión social.
La regularización estará dirigida a personas extranjeras que acrediten al menos cinco meses de permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, incluidos solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes de esa fecha, siempre que carezcan de antecedentes penales. Los beneficiarios obtendrán una autorización de residencia legal de un año, tras la cual podrán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El plazo de solicitud se abrirá previsiblemente a principios de abril y finalizará el 30 de junio. La admisión a trámite permitirá trabajar provisionalmente en cualquier sector y territorio, lo que aporta seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empresas. Además, se contempla la regularización simultánea de los hijos menores, con permisos de cinco años.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, con un importe total de 20 millones de euros. Diez millones se destinarán a ayudas inmediatas y otros diez como anticipo de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil. Estas ayudas se abonarán en un pago único y estarán exentas de tributación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado la necesidad de una respuesta rápida del Estado ante tragedias de esta magnitud, evitando que las víctimas y sus familias tengan que esperar largos procesos judiciales para recibir apoyo económico.
Las ayudas contemplan indemnizaciones superiores a 72.000 euros en caso de fallecimiento, además de anticipos del seguro, y cuantías variables en función de la gravedad de las lesiones. El Gobierno ha reafirmado su compromiso con la transparencia, el esclarecimiento de los hechos y el refuerzo de la seguridad ferroviaria. Asimismo, se han habilitado canales específicos de atención a las víctimas a través de la Seguridad Social, oficinas presenciales y el servicio “La Administración cerca de ti”.
En materia de igualdad y protección de las víctimas, el Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de un nuevo servicio integral de seguimiento telemático de agresores en casos de violencia de género y violencia sexual. El nuevo contrato mejora el presupuesto, la duración, la fiabilidad de los dispositivos, el número de tobilleras y la capacidad de respuesta ante incidencias. También se refuerza la Sala Cometa, centro de control del sistema, con más personal y mejores recursos tecnológicos.
Finalmente, el Gobierno ha acordado otros asuntos relevantes, como la designación de Majadahonda como sede principal del Consorcio Estatal para el Desarrollo de Medicamentos y Terapias Avanzadas, con dirección científica en Barcelona, y la creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la Generación del 27, que coordinará actividades culturales en todo el país.